Esto es como leer el prospecto de un medicamento. Si uno se ciñe a los riesgos potenciales (aunque remotos) de tomarse un simple analgésico y acabar al borde del colapso, lo cierto es que se le quitarían las ganas de tomarse la pastilla. En lo que respecta a las políticas de privacidad, esas que nos vemos obligados a aceptar cuando instalamos algún software, si uno se lee al pie de la letra todo el contenido de las mismas, es posible que le invada el pánico y aborte la idea de instalar el programa o utilizar el móvil.
Si lo recuerdan, Facebook se vio en un serio aprieto al salir a la luz las condiciones de uso de Messenger en las que el usuario se veía obligado a aceptar que la firma de Zuckerberg tuviera acceso al micrófono del móvil, hacer llamadas o enviar SMS sin el permiso del dueño o grabar vídeos y sin que nadie se enterara. Leído esto a uno se le ponían los pelos como escarpias, aunque lo cierto es que la mayoría de los desarrolladores se ven obligados a exigir la rúbrica de estas condiciones para poder dotar de funcionalidad al software con el amparo de un marco legal.
Por lo general y salvo estos sustos, no hay problema porque nadie se suele leer los acuerdos de privacidad. Bueno, casi nadie. Michael Price, un abogado que defiende los derechos civiles, decidió que ya era hora de jubilar su viejo televisor y hacerse con un moderno y flamante smartTV. Del viejo tubo a la pantalla plana y las posibilidades que ofrece un televisor conectado a internet.
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Un usuario medio abre la enorme caja con ilusión, monta el televisor, ojea las instrucciones lo mínimo posible para comenzar a disfrutar de su nuevo juguete, y la caja con el resto de documentación legal y demás va de cabeza al contenedor de reciclaje. Pero a Price le interesó especialmente aquel tocho de 46 páginas que explicaba la política de privacidad que el usuario se veía obligado a aceptar para disfrutar del potencial del equipo. ¿46 páginas? ¿En serio? Nuestro hombre vio tela que cortar en el asunto y se puso cómodo en el sofá.
Una que tele escucha lo que decimos
Con la cabeza bien preparada para comprender el alcance de los términos legales y mucho tiempo libre, el abogado se dispuso a despedazar el casi medio centenar de páginas del documento, ese que presuntamente nadie se supone que lee. Y bien, tomen asiento porque el asunto se las trae.
La versión corta del asunto es que el moderno televisor en cuestión pasa por el mismo filtro legal que antes hemos mencionado del software, pero una explicación más detallada y extendida, presenta unas condiciones difícilmente aceptables para cualquier usuario con un mínimo de celo por su intimidad. Como saben, algunos de los modelos de televisores inteligentes cuentan con cámara y micrófono para efectuar videollamadas, o bien, como es el caso del televisor de Price, para recibir comandos de voz de forma que pueda encenderse o cambiar de canal sin tocar el mando.
Pues bien, resulta que escondida entre la extensa colección de páginas se encontraba una cláusula que advertía al usuario que tuviera cuidado con lo que hablaba frente al televisor puesto que sus palabras serían “enviadas a terceros” en lo que ya parece haberse convertido en un mercado persa de tráfico de información cada vez más sensible entre las marcas. Y lo peor del asunto es que el televisor escucha aunque no esté encendido.
Por otro lado, la cámara cuenta con reconocimiento facial aunque en este caso las imágenes no son almacenadas en la nube, sino en el propio dispositivo. Lo realmente preocupante del asunto es que cuando uno se enfrenta a un “¿acepta usted que…?” con la casilla de “aceptar” o “declinar”, si opta por lo segundo, el equipo que acaba de adquirir deja de ser smart y pasa a ser un televisor más sin lo mejor de sus funciones.
Al final no queda otra que pasar por el aro y aceptar que para poder disfrutar de las modernidades de la tecnología uno debe vender su privacidad, en el mejor de los casos, únicamente a la marca que vende el dispositivo, algo que el abogado considera “inaceptable”.
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