En Guatemala, el Estado se beneficia del narcotráfico y otras formas de crimen organizado de manera indirecta, pues los bienes que son incautados a los capos, bandas y delincuentes de alto perfil pasan a favor de instituciones que combaten a los mismos criminales.
Guatemala es uno de los puntos estratégicos más importantes para el narco en la ruta de la droga hacia Estados Unidos, de esa cuenta muchos de los capos más importantes que han sido capturados son extraditados hacia el país del norte y sus pertenencias pasan a manos del Estado bajo un procedimiento que se llama extinción de dominio.
En tan solo tres años el juzgado ha fallado a favor del Estado unos 19 millones de dólares, avionetas, vehículos acuáticos, 17 bienes inmuebles, caballos pura sangre, gallos de pelea y otros animales exóticos, además de 76 vehículos, 23 de ellos eran de Eduardo Villatoro, alias “Guayo Cano”, quien en 2013, junto a sus cómplices, mató a nueve policías en el suroeste del país, en un ajuste de cuentas.
Sin embargo, recientemente se dio a conocer una de las incautaciones más grandes en la historia del narcotráfico en Guatemala. El capo Mario Ponce, condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos, poseía una docena de fincas, una de ellas media 54 kilómetros cuadrados, con un valor aproximado de 8 millones de dólares.