La Casa Blanca tiene licencia para matar con sus drones a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Los objetivos deben representar una amenaza seria e inminente para la seguridad del país y su captura, imposible. Un informe del Departamento de Justicia filtrado a la prensa respalda este modo de actuación que comenzó en la era Bush:
– «Realizamos esos ataques porque son necesarios para mitigar las actuales amenazas, desbaratar complots, prevenir futuros ataques y salvar vidas de estadounidenses. Esos ataques son legales, éticos e inteligentes», decía el portavoz de la Administración Obama.
Sin embargo, muchos congresistas y organizaciones proderechos humanos no comparten la postura del Gobierno. Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional por las Libertades Cívicas, considera que el informe «es escalofriante. Va al centro de las preocupaciones de nuestra democracia sobre la relación entre el gobierno y los ciudadanos, las violaciones de los derechos fundamentales que establece la Constitución, como que el Gobierno no puede quitarle la vida a los ciudadanos sin un juicio previo».
Activistas proderechos humanos están en pie de guerra contra el uso sistemático de aviones no tripulados para combatir el terrorismo, pues en la práctica, dicen, se trata de ejecuciones extrajudicales.
